La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

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La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

Mensagempor casdeiro » sábado, 27 set 2008, 08:35

Reproduzo , de :

TRAS EL ANUNCIO DE GARZÓN

La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

Pablo Elorduy, Madrid

A instancias de varios grupos para la memoria, el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional ha solicitado la apertura de algunos archivos ?intocables?.

Ante el anuncio de la Audiencia Nacional, las organizaciones por la memoria histórica piden que el proceso puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón no se quede en un mero recuento de víctimas y reclaman que se establezcan responsabilidades. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha declarado a DIAGONAL que la iniciativa del juzgado de la Audiencia ?es una oportunidad de construir justicia?. Para asociaciones y foros, la clave es que los crímenes franquistas sean considerados de lesa humanidad, ya que, según la legislación penal internacional, esta clase de crímenes no prescriben.

José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, explica a este periódico que ?si Garzón va por el camino de investigar los crímenes de principio a fin, identificar a los culpables, y si esos culpables están vivos y, tengan los años que tengan, los procesa, estará haciendo lo que debe de hacer. Su obligación es reconstruir exactamente lo que pasó. Si no hace eso, será un paso más en esta batalla de la memoria histórica, pero no será el final de la batalla?. El politólogo y sociólogo Vicenç Navarro ha manifestado a DIAGONAL que hasta que no se ?condene sin ningún tipo de reservas? el golpe militar del ?36 y la dictadura, la democracia española adolecerá de ?escasa calidad, como estamos viendo en el sistema democrático actual que contiene elementos heredados del régimen anterior que obstaculizan el pleno desarrollo de la democracia en nuestro país?.

Navarro entiende que Garzón ha podido atender a la ?gran presión internacional para que se corrija la excepcionalidad española en cuanto al silencio de lo ocurrido en este país y la enorme injusticia que se hizo con aquellos que padecieron enormemente en la defensa del sistema democrático republicano?.

La mayoría de foros advierten que hay que tomar con cautela el anuncio del juzgado y se quejan del ?circo mediático? creado. De momento, el juez se ha dado un mes de plazo para establecer si existen indicios de criminalidad para la apertura de causas penales.

Terrorismo de Estado

Pedreño considera que no se conocen las intenciones de Garzón : ?No sabemos si quiere hacer un simple listado de desaparecidos, si quiere buscarlos o si lo que pretende es abrir una causa por delitos contra la humanidad?. Insiste en que no hay que ?adelantar acontecimientos?. Estima que el volumen del caso requeriría que se creara un juzgado y una fiscalía específicas : ?Hablamos de un caso de terrorismo de Estado que alcanzó a cientos de miles de personas?. Pedreño teme que ?en un par de meses se dé carpetazo al asunto?, aunque valora que la iniciativa ya haya conseguido denunciar que no se ha dado respuesta alguna a las violaciones de derechos humanos del Franquismo.

En declaraciones a este periódica, Amparo Salvador, del Fòrum Per la Memòria del País Valencià, recalcó que la denuncia fue impulsada por diversas asociaciones y particulares que han aportado su documentación al juzgado. Se trata de grupos como la Associació per la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, el propio Fòrum del País Valencià, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón o la Confederación General de Trabajadores (CGT). Las asociaciones han señalado aquellos archivos a los que no han tenido acceso. Uno de ellos es la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde se espera que aparezcan datos de los aproximadamente 30.000 desaparecidos durante la construcción del mausoleo.

La providencia de Garzón se centra en las diligencias previas para la obtención de información. Amparo Salvador pone en duda la efectividad de algunas de estas peticiones : ?Puede darse el caso de que gente que quiera colaborar no tenga muchos datos, porque estos hayan sido destruidos, y de entidades que tienen datos, pero que no quieran aportarlos?. En este segundo grupo se encuentra la Conferencia Episcopal que se ha declarado ?incompetente? y ha instado al juzgado a que se entienda, una por una, con las 23.000 parroquias del Estado. Según el investigador Francisco Espinosa, fue la Ley de Patrimonio Documental de 1985, sacada adelante por el PSOE, la que permitió ?que fuera el archivero quien decidiera en última instancia si la documentación podía consultarse o no?.

Una selva en los archivos

El presidente de la Federación de Foros por la Memoria apunta que Garzón debe solicitar datos a los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia : ?a pesar de que se destruyó mucho durante la época de Suárez, por orden de Martín Villa?. Pedreño entiende que el juez también debería dirigirse a la Fundación Francisco Franco y pedir sus archivos a empresas ?como Dragados y otras que hoy están en el Ibex 35?, que se beneficiaron de la mano de obra esclava de los llamados batallones de trabajadores penados : ?aunque eso le supondría enfrentarse con los poderes fácticos de este país?.

De momento, el juzgado cuenta con los documentos aportados por los denunciantes, obtenidos principalmente a partir de testimonios orales. Se calcula que desde Andalucía se van aportar datos de más de 22.000 víctimas, en Valencia se han documentado 27.000 casos y en Extremadura 9.000. En otros puntos del Estado, sin embargo, las investigaciones acaban de comenzar o no hay datos. Se pretende que el proceso consiga que los archivos se unifiquen. Emilio Silva vaticina que las investigaciones pueden sacar a la luz un ?número sorprendente? de casos. La impresión general es que la cifra propuesta por los hispanistas extranjeros de 300.000 víctimas republicanas, será revisada al alza si la investigación sigue su curso.

Noticia de los crímenes

Pedreño explica que tienen pensado aportar al juez los expedientes judiciales abiertos allí donde han exhumado fosas : ?Para que vea lo que han contestado los distintos jueces, que se han eximido y se han lavado las manos. Por si hay que expedientar a alguno de ellos?. Los movimientos subrayan que los gobiernos democráticos se han desentendido de las localizaciones y exhumaciones y que éstas se han llevado a cabo gracias al voluntariado. Asimismo, consideran que será difícil documentar los secuestros, violaciones, torturas, expropiaciones forzosas y las desapariciones llevadas a cabo en la retaguardia franquista y durante la posguerra. Salvador recuerda que es necesario considerar víctimas a ?la gente que contrajo enfermedades por el hambre, porque se llevaron a un familiar, porque le robaron su casa y no se la devolvieron... Son víctimas todas las personas que murieron como consecuencia de las miserables condiciones de vida que el Franquismo les impuso y que luego fueron tirados a fosas comunes como perros. ¿No es víctima una persona que muere de hambre cuando tiene 11 o 12 años, 80 o 40 ? ¿O quienes murieron por no recibir asistencia sanitaria de enfermedades que eran perfectamente curables ??. Los movimientos esperan que sea un paso más para que se anulen las sentencias dictadas por los tribunales franquistas y se conozcan los nombres y el alcance de la represión, con el fin de emitir un mensaje para el futuro. En opinión de Salvador, el precio del exterminio no puede ser que los responsables fueran promocionados o premiados : ?Si la ley persigue a los que matan, a los que violan, a los que torturan, a los que trafican con niños, a los que secuestran, que persigan a estos, porque cometieron esos delitos?.

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La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

Mensagempor casdeiro » sábado, 27 set 2008, 08:39

Complemento a ese artigo:

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La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

Mensagempor casdeiro » sábado, 27 set 2008, 09:00

Estoutro texto non está dispoñible no web de Diagonal, pero considero importante trascribilo para que coñezamos a verdade sobre a nosa Historia:


De la "autoaministía" a una ley para olvidar

El artículo segundo de la Ley de Amnistía de 1977 garantizaba impunidad para aquellos funcionarios y agentes del orden público que hubiesen cometido delitos "contra el ejercicio de los derechos de las personas". Como recuerda Silva, se trata de una ley preconstitucional, que no puede aplicarse en crímenes de lesa humanidad. El presidente de la ARMH señala que apelar a la vigencia de dicha ley denota "mala formación" en derechos humanos. Para Pedreño, la del '77 sirvió "para aministiar a franquistas que han torturado y matado". En su opinión, debería ser declarada nula porque va contra el derecho penal internacional: "en el momento que se declare nula, personajes como Fraga tienen que estar asustados". Para Salvador, la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 "ha quitado los flecos que quedaron en la Ley de 1977". Según ella, se trata de una "ley del olvido, que blinda la impunidad de todos los responsables implicados en la represión". Pedreño considera que la Ley de Zapatero tenía el objetivo de desligar al régimen de Franco del régimen nazi, y acusa a sectores de la izquierda de olvidar que la Transición fue conducida en buena parte por dirigentes franquistas "que necesitaban hacer sus negocios fuera, no sólo dentro".

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La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

Mensagempor casdeiro » sábado, 27 set 2008, 09:14

Sego con outros separados no mesmo artigo na súa versión impresa:


Algunos destinos para prisioneros y exiliados

Batallones de trabajo
Así fue llamada la mano de obra esclava que Franco puso a disposición de las empresas beneficiarias de la "reconstrucción". Sólo en el Canal de Riegos del Bajo Guadalquivir trabajaron 2.500 presos que transformaron en tierras de regadío más de 74.000 hectáreas de latifundios de secano con coste cero para los terratenientes. Otras "obras forzadas" fueron la línea férrea Madrid-Burgos, la del túnel de Viella, la reconstrucción del templo de la Merced y la del Valle de los Caídos.

Campos franquistas
Aproximadamente 500.000 prisioneros de guerra fueron a parar a los más de 190 campos de concentración establecidos, de forma más o menos provisional, en puntos de todo el Estado. Las torturas, el hambre, el frío, las enfermedades, los suicidios y las ejecuciones fueron poco a poco "rebajando" esa cifra. Coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial la población de los campos volvió a crecer merced al retorno de unos 150.000 exiliados.

Campos extranjeros
La Francia prebélica creó campos para los más de 500.000 exiliados. Algunos de los más duros fueron los de Argèles-sur-mer, Saint Cyprien, Barcarès, Arles-sur-Tech o Vernet-les-Bains. El promedio de cada campo francés fue de 30 muertos por semana. Las condiciones se han comparado con la de los campos nazis. Otros 15.000 refugiados acabaron en campos de Túnez y Argelia. En Mayo de 1939 se abrieron las fronteras para los retornados, que fueron a parar a campos o prisiones.

Prisiones

Las condiciones de vida de las cárceles franquistas fueron aún peores que las de los campos de concentración. La cifra oficial de presos en 1940 fue de 270.000. Menos de la mitad estaban alli con una sentencia firme, el resto había entrado de forma preventiva. Los funcionarios y policías diferenciaban el tipo de tortura que correspondía a los presos "anteriores" (a abril de 1939) y los "posteriores". El hambre y las enfermedades acabaron con miles de reclusos.

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La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

Mensagempor xestor » terça, 30 set 2008, 07:58

Reproducido de (licencia Creative Commons):

España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los fusilados y desaparecidos del franquismo

Treinta y tres años después del fin del franquismo, España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los muertos de la guerra civil y la posterior represión del régimen dictatorial. Mientras Franco recuperó con pompa y honor a sus caídos, el Estado democrático ha dejado olvidados en las cunetas y en los cementerios a miles de cadáveres.

Han tenido que ser los familiares de desaparecidos y muertos y las asociaciones de memoria quienes se pusieran manos a la obra para localizar y dignificar las fosas de la guerra, en un olvido forzoso desde 1939.

Sólo la sensibilidad de determinados gobiernos autonómicos de izquierda les ha financiado la búsqueda. En Andalucía se han detectado hasta ahora 668 enterramientos; en Catalunya, otros 179; en Galicia, por ahora, 37.

España sigue sin tener completo el mapa de la memoria. La operación del juez Baltasar Garzón -que trata de forzar la identificación oficial de los desaparecidos bajo el franquismo- alabada por las diversas asociaciones, ha puesto de relieve la inexplicable dejadez con la que los Gobiernos democráticos han tratado la represión del régimen franquista.

La llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura por el Gobierno socialista, prevé en su artículo 12 que las "Administraciones" -no especifica cuáles- elaborarán mapas de fosas en sus ámbitos de competencia. La labor del Gobierno se limita así a recibir los datos de las demás Administraciones y plasmarlos en un mapa de todo el país.

"Es vergonzoso", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto de Emilio Silva, el primer fusilado identificado con una prueba de ADN. Y es un trabajo en el que, cuanto más tarde en hacerse, más datos se perderán, porque no toda la memoria está en los papeles, aseguran las asociaciones.
Dos etapas en la localización

Hubo dos etapas básicas en la localización y recuperación de las tumbas olvidadas, según han constatado Silva, Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica del sindicato CGT y Rafael López, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, entre otros. La primera se inició poco después de la muerte de Franco, entre las primeras elecciones municipales, a finales de los años setenta, y el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981.

En este periodo, las exhumaciones estuvieron promovidas en su mayoría por los familiares de las víctimas -muchas se llevaron a cabo en la intimidad- y, en bastantes casos, "contaron con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos", según consta en un informe de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. No recibieron apenas publicidad en los medios. Sin embargo, su volumen fue muy importante.

En Sevilla, donde hasta ahora se han practicado 32 exhumaciones, 12 se levantaron entre 1975 -año de la muerte de Franco- y 1982, cuando se exhumaron más de 1.500 víctimas de la represión. "Todo eso desapareció" con el 23-F, afirma Silva. Nueve se produjeron durante la dictadura y las otras 11, entre 1982 y estos días. +

Además, en la época de la transición se colocaron 14 placas, inscripciones, monumentos o monolitos, los llamados hitos de dignificación, mientras que ahora, cuando la Junta de Andalucía subvenciona los homenajes, sólo se han situado 18.

La labor de las comunidades

La segunda etapa se inició en 2000, cuando las exhumaciones de fosas y cunetas tomaron cuerpo en los medios de comunicación y el debate sobre la represión comenzó a levantar el manto del olvido. Entonces, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, ante las reivindicaciones de las asociaciones, comenzaron a dictar decretos, firmar convenios y tratar de llegar a conclusiones sobre la situación exacta de las fosas, tan importante para conocer el alcance real de la represión

¿Y las gobernadas por el PP? "Ninguna ayuda. En Castilla-León, ni caso, en Galicia, cuando gobernaba Fraga, nos echaron para atrás dos veces", asegura Silva. "En general -agrega- no ha habido políticos" implicados en la recuperación de la memoria. "Hemos pasado siete años excavando sin ayuda del Gobierno", remacha. En esto coinciden la mayoría de asociaciones.

"El País Vasco es quien mejor ha hecho los deberes", añade Silva. El Ejecutivo de Vitoria ha recopilado muchos datos gracias a un convenio firmado con la Sociedad Aranzadi, que desde 2003 ha permitido abrir nueve fosas. Hay más localizadas, pero no se han abierto por no haber solicitud de las familias. La próxima acción del Ejecutivo de Vitoria será enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un total de 8.650 expedientes de personas fusiladas o desaparecidas en el País Vasco durante la Guerra Civil.

Según los informes del Departamento vasco de Justicia, el número de desaparecidos en Euskadi entre 1936 y 1942 asciende a 8.650 personas, de las que 2.352 está registrados como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.

Mapas en elaboración

El Gobierno de Galicia y el de Catalunya ya han enviado al juez Garzón sus respectivas investigaciones sobre la represión. Son las únicas comunidades que, como tales, han enviado documentación al magistrado. La Generalitat catalana tiene un mapa elaborado, en el que se han podido localizar 179 fosas. 88 de ellas están certificadas a través de diversa documentación.

Y el resto se ha encontrado gracias fundamentalmente a los testimonios de los ancianos, a sus recuerdos. "Da respuesta a un mandato político y a un compromiso ético", aseguró el conseller de Interior, Joan Saura (ICV), en la presentación.

Mientras, el gobierno gallego ha financiado la investigación Las víctimas, los nombres, las voces y los lugares. Sin embargo, el mapa que prevé aún no está concluido. Por ahora, han localizado 26 fosas y 11 puntos en la costa en los que se hundieron cadáveres. Esta investigación le ha permitido a la Xunta disponer de un primer censo de víctimas que han enviado a Garzón.

Andalucía, que fue de las primeras comunidades en elaborar un decreto, y que tiene prácticamente terminado su mapa de fosas -elaborado por las asociaciones- con la escalofriante cifra de 668, no se lo ha remitido hasta ahora al juez. España tiene aún una memoria incompleta.

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"No se puede hablar de genocidio. Fue un ?politicidio' ejecutado a través del terror"

Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.

¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista?

Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes.

¿Fue un genocidio la represión franquista?

Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas.

Entonces, ¿qué fue?

Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad.

¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama ?politicidio'?

Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad.

¿Franco recuperó a todos sus muertos?

Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse.

¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes?

Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria.

¿Qué debe hacer ahora el Estado?

Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.


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